Vale destacar que, el 12 de junio, el juez de Garantías de La Plata, Pablo Raele, confirmó el pedido de la fiscal Cecilia Corfield y elevó a juicio oral la causa en la que se investiga a Diego García por presunto abuso sexual. En la requisitoria de la fiscal Corfield, titular de la UFI Nº 15 y a cargo de la causa, se consideraba que el futbolista imputado “recurrió a la violencia física” para atacar sexualmente.
“De común acuerdo con el jugador, se rescindió el contrato que vinculaba a Diego García con nuestra institución”. Con un comunicado escueto en sus redes sociales, Estudiantes de La Plata anunció el final de la relación entre el club y el futbolista uruguayo, que había sido denunciado en febrero pasado por una joven de 22 años, que lo acusó de abuso sexual en una reunión que se realizó en un country y en la que había varios integrantes del plantel albirrojo.
Tras conocerse la denuncia, Diego García se mudó a Entre Ríos y pasó a préstamo a Patronato de Paraná, pero con este club rescindió el vínculo, ya que surgió la posibilidad de jugar en Nacional de Uruguay, aunque este traspaso se cayó a causa de su situación judicial.
García tenía contrato con Estudiantes hasta junio de 2023, aunque ya la institución platense había adelantado que no iba a renovar el vínculo por esta situación.
Marcelo Peña, el abogado que representa a la víctima, había solicitado la detención del jugador en febrero pasado, al cumplirse un año del hecho, pero la fiscal no hizo lugar al planteo. Hace un mes, el juez Raele rechazó los planteos de la defensa sobre pedidos de nulidades y sobreseimiento del acusado, y elevó el expediente para que sea debatido en juicio oral por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. En su resolución, Raele contestó cada uno de los planteos, descartó el sobreseimiento y recordó que el caso debe ser analizado “con perspectiva de género”.
García podría ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo de entre 6 y 15 años, y si bien atraviesa el proceso en libertad, tiene prohibido salir del país. El hecho que provocó la denuncia contra el futbolista se produjo en una casa quinta del barrio El Rodeo, en la localidad de Abasto, partido de La Plata, el 24 de febrero del 2021, en la que participaron otros futbolistas y chicas, pero ninguno fue alcanzado por la denuncia, y sólo debieron presentarse ante la justicia como testigos.
En su momento, Estudiantes activó inmediatamente sus protocolos de género, y separó al jugador del plantel hasta que un pedido de su abogado, que consideró que “no se le podía impedir el derecho al trabajo”, lo devolvió a los entrenamientos, pero nunca más volvió a jugar. Primero se lo cedió a préstamo a Talleres, y luego a Patronato, donde hubo bastante reticencia a su llegada.
Fuente: LA NACION