El juez y exministro Sérgio Moro fue procesado por un magistrado de Brasilia que lo llevó a un juicio por el que puede ser condenado a resarcir al Estado por los daños económicos causados a la estatal petrolera Petrobras y en general a Brasil, llevando a la quiebra empresas, por su actuación en la operación anticorrupción Lava Jato. La acción judicial colectiva fue presentada por los diputados federales del opositor (PT) del expresidente y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da SIlva, informó el diario local Folha de Sao Paulo.
El juez y exministro fue procesado por un magistrado de Brasilia, tras recibir una denuncia colectiva por diputados del Partido de los Trabajadores (PT)
La causa fue abierta por el juez federal Charles Frazado de Morais, de Brasilia, que en su decisión califica a Moro de «reo», es decir, que será sometido a proceso y al juicio en primera instancia. “La acción popular que proponen los PT contra mí es irrisoria. Una vez citado, me defenderé. La decisión del juez de citarme no implica ningún juicio de valor sobre la acción. Todo el mundo sabe que lo que perjudica a la economía es la corrupción y no combatirla. La inversión de valores es completa: en 2022, el PT quiere, como dijo Geraldo Alckmin, no solo volver a la escena del crimen, sino también culpar a quienes se opusieron a los esquemas de corrupción de la era del PT”, sostuvo Moro según reseña la CNN.
La denuncia acusa a Moro de haber «manipulado a la mayor empresa brasileña, Petrobras, para usarla como instrumento de sus intereses personales» ya que «la perturbación en la compañía afectó a toda la cadena productiva y mercantil brasileña, principalmente al sector de hidrocarburos».
Según informa, además, la CNN la acción judicial solicita peritaje para medir el “daño grave e irreparable a la economía nacional y, en consecuencia, al patrimonio de las personas jurídicas de derecho público, en los términos de la presente petición”. El documento enumera, en 73 páginas, acciones en las que Moro habría cometido un desvío de su función para supuestamente contener la corrupción, desde las investigaciones cuando ejercía funciones de juez federal, en Curitiba, cuando fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, en el actual gobierno hasta el 2020, hasta el lanzamiento como posible precandidato a la presidencia.
Moro condujo desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato que reveló una gigantesca red de corrupción y sobornos entre Petrobras y las empresas constructoras contratistas, una causa por la cual condenó a prisión al expresidente Lula, lo que lo dejó fuera de la contienda electoral en 2018 y dio paso al triunfo del actual presidente, Jair Bolsonaro. En la actualidad, está afiliado al partido de derecha Unión Brasil, formado por exbolsonaristas.
A inversão de valores é completa: Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, não só voltar à cena do crime, mas também culpar aqueles que se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista. A ação popular proposta por membros do PT contra mim é risível. ➡️
— Sergio Moro (@SF_Moro) May 24, 2022
En tanto, las actuaciones de Moro fueron declaradas no imparciales por el Supremo Tribunal Federal, y todas las causas contra Lula fueron anuladas por manipulación y lawfare.
«Moro practicó corrupción al violar las reglas del derecho y los principios básicos que fueron violados por la Operación Lava Jato», dijo el abogado Marco Aurelio Carvalho, del grupo Prerrogativas, un núcleo de juristas garantistas opuestos a la doctrina inaugurada en la operación anticorrupción. El juez usó como base de su decisión un estudio de la Universidad Católica de San Pablo (PUC) basado en el instituto del petróleo Ineep, que indica que la Operación Lava Jato retiró 142.600 millones de reales de la economía brasileña al sancionar además de a los corruptos a la vida de las empresas.
Según sindicatos, 4.4 millones de empleos fueron afectados por la decisión de Moro de sancionar los contratos en marcha de las obras públicas.