HISTORIA DE LA REPRESA DE SALTO GRANDE EN DIARIO URUGUAY.
PROYECTOS DE GRAN ESCALA, COMITÉS POPULARES E INTEGRACIÓN:
“LOS PRECURSORES DE SALTO GRANDE”
El presente artículo se refiere a procesos de integración regional en países del Mercosur a partir de grandes emprendimientos hidroeléctricos binacionales. En particular, analiza un “movimiento trasnacional” relacionado con la represa argentino-uruguaya de Salto Grande cuyo primer Convenio fue firmado en diciembre de 1946. En dicho Convenio se creó un ente binacional que construiría la represa, denominado Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). El trabajo se centra en la labor de los “Comités Populares” situados en las ciudades argentinas y uruguayas que bordean al río Uruguay, especialmente en la ciudad de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay) a favor de la concreción de la presa. Se destaca que sus integrantes
fueron entrevistados por la autora durante su extenso trabajo de campo realizado en el año 1993
para su Tesis Doctoral; datos que nunca fueron utilizados con anterioridad y que merecen una
relectura a la luz de la historia de la represa.
Palabras clave: integración regional – movimiento trasnacional – represa de Salto Grande –
Argentina – Uruguay
Si bien sus orígenes se remontan al año 1946, su construcción se inició el 1° de abril de 1974.
En el presente trabajo nos centramos en procesos de integración regional en países del Mercosur a partir de grandes emprendimientos hidroeléctricos binacionales, especialmente situados en la Cuenca del Plata. Ésta está conformada por el sureste de Bolivia, Paraguay, este de Brasil, este de Uruguay y centro y este de Argentina. Las dos cuencas más importantes son la del río Paraná y la del Uruguay, en la cual nos focalizamos.
Se inauguró el 21 de junio de 1979, cuando la primera turbina fue puesta en funcionamiento, y quedó oficialmente terminada en mayo de 1983, al ponerse en marcha la última turbina
Se aclara que para la producción de la Tesis doctoral sobre la que se basa este trabajo, se realizó un estudio comparativo de los procesos de relocalización de las ciudades de Nueva Federación (Argentina) y Villa Constitución (Uruguay), producto de la construcción de la represa binacional de Salto Grande. Se tomó en cuenta el marco sociopolítico y jurídico de ambos países y de la propia represa y se desarrolló, en consecuencia, una etnografia multilocal (Marcus y Fischer, 1986:90-95), para entender la relevancia de la participación de los actores sociales locales, regionales, nacionales e internacionales en tales procesos de relocalización. El trabajo de campo se efectuó en el año 1993, durante 9 meses, y fue en varias ciudades argentinas y uruguayas, centrándose en Nueva Federación en la margen argentina y Villa Constitución en la margen uruguaya. Así, tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de los denominados “precursores de Salto Grande”, en particular de las ciudades de Concordia (Argentina) y de Salto (Uruguay), a partir de informantes regionales y de la historia oral y escrita de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En este trabajo se explicita este movimiento de integración regional, desde ambas visiones.
La represa de Salto Grande, con una potencia total instalada de 1.890 megawatios, produjo un embalse de 140 km de longitud y 783 km², que afectó 30.000 ha en la margen argentina y 45.540 en la uruguaya. Inundó áreas rurales y centros urbanos en el noreste de la provincia de Entre Ríos y el sudeste de la provincia de Corrientes (Argentina), y en los departamentos de Salto y Artigas (Uruguay).
Estos proyectos binacionales se sitúan en áreas de fronteras, y en ellas existen diferentes tipos de relaciones, que pueden ir desde la cooperación hasta el conflicto, pero nunca son neutras. Diferenciamos tres formas de integración. Una primera forma de integración binacional está dada por las relaciones que son definidas por los intereses de las propias poblaciones fronterizas y no son planificadas. Ejemplo de estas relaciones, que muchas veces terminan siendo conflictivas, son las luchas por la tierras entre campesinos paraguayos y los denominados por Marcia Sprandel como ‘brasiguayos’, en la frontera Brasil-Paraguay. Sprandel investigó extensamente estos conflictos en su Tesis de Maestría (1992) y luego en artículos posteriores (2000). Posteriormente, María Paola Ayala Godoy retomó el tema, analizando no solo las dificultades sociales, sino las diplomáticas (2014). Un segundo tipo de relación integrativa se da a través de la planificación regional que tiene por objetivo el desarrollo de la propia región fronteriza. Ejemplos de esto son las acciones de los denominados Comités de Fronteras, que están conformados por miembros de los poderes nacional y regional. Otro ejemplo es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) que está integrada por diez delegados, cinco de Argentina y cinco de Uruguay, y que fuera constituida en febrero de 1975 (para mayores datos, consultar: www.caru.org.uy). El tercer tipo de integración, que es la que nos interesa en este trabajo, es aquella que parte de las estructuras estatales de orden nacional, las cuales deciden construir lo que el antropólogo brasileño Lins Ribeiro ha denominado Proyectos de Gran Escala (Lins Ribeiro 1985, 1987), tal el caso de la represa de Salto Grande.
CUESTIONES DE FRONTERAS
Dado que en el presente artículo se analiza una temática de fronteras, no podemos dejar de abordar el tópico –sin pretender realizar un análisis exhaustivo– sobre el cual existe una vasta bibliografía desde las Ciencias Sociales, y en particular desde la Antropología, sobre las definiciones del concepto frontera, las relaciones fronterizas, los conflictos fronterizos en países de Europa y América Latina y, en particular, de países del Mercosur.
En las últimas décadas las fronteras internacionales han sido objeto de estudio de un número cada vez mayor de investigadores de las ciencias sociales y humanas. El resultado es una diversificación de los intereses que reúne, actualmente, un número consistente de investigadores, de áreas disciplinares muy diversas, y de líneas de investigaciones más especializadas, como por ejemplo, cuestiones de movilidad, de las identidades fronterizas, entre otros.
La represa de Salto Grande fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por Fondos Especiales creados por cada país para tales fines. Su construcción estuvo a cargo de un ente binacional argentino-uruguayo creado en el año 1946:
En Europa, por ejemplo, se habla de una antropología de las fronteras, que se ha formado como una especialización de la antropología política y que comenzó a visibilizarse con los cambios políticos ocurridos a partir de la década de 1990, que llevaron a la alteración del mapa político de Europa por procesos de independencia en el este europeo y, casi simultáneamente, la eliminación de otras fronteras. Asi, podemos referirnos a la desagregación de Yugoeslavia y de la Unión Soviética, en el primer caso, y la remoción de fronteras internas entre los países de la Unión Europea, en el segundo. Un ejemplo, es el trabajo de M. F. de Amante (2014) sobre la frontera luso-española que se centra en cuestiones de seguridad.
En América Latina, también los antropólogos han trabajado sobre zonas fronterizas, a partir de las relaciones dadas por el Mercosur, es decir, desde la década de 1990. Dos de ellos han sido Gordillo y Leguizamón en sus trabajos sobre el río Pilcomayo –en la frontera entre Argentina y Paraguay, por la construcción de obras públicas (cfr. Gordillo y Leguizamón 1997; Gordillo 2000)– cuyos trabajos de campo fueron dirigidos por el colega Hugo Trinchero, quien también ha continuado trabajando en la frontera del río Pilcomayo (cfr. por ejemplo, 2004).
Son varios los autores que plantean la polisemia del término frontera y su dualidad, entre ellos, Grimson (2000) y Gordillo (2000) que ilustran con la terminología inglesa frontier y border. Gordillo y Leguizamón (2002) se refieren a la frontera del río Pilcomayo en este doble sentido:
a) como frontera internacional, o sea, como límite territorial entre las juridicciones de distintos Estados-nación (border); y b) como frontera en tanto espacio de articulación entre sistemas con dinámicas socioeconómicas heterogéneas: frente de inversiones estatales y capitalistas y zona poblada mayormente de grupos indígenas (frontier) (2002:15), pero no se quedan solo con estas definiciones. Como expresa Grimson (2005) en su trabajo “Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur” –donde realiza un repaso de los trabajos sobre fronteras y un estado de situación– en lugar de hacer un estudio sobre el término “frontera”, los científicos sociales, y en particular los antropólogos, realizaron una diversidad de estudios sobre zonas fronterizas. En lugar de efectuar una historia semántica, hicieron una historia territorial, relacional, sociocultural, de espacios fronterizos específicos. Es decir, apelaron a la etnografía.
la presidencia del ente binacional es ejercida en forma rotativa por el Presidente de cada Delegación. Desde 1970, y durante toda la etapa de construcción de la represa, el Presidente de cada Delegación, junto con un “técnico”, es decir un ingeniero
No se trataba solo de tematizar las fronteras estatales y, aunque había un fuerte énfasis empírico que se valoraba, tampoco se trataba de empirismo. Se trató más bien de ir a las zonas fronterizas estatales “con una perspectiva abierta que permitiera detectar y comprender no sólo la multiplicidad y mixtura de identidades, sino también sus distinciones y conflictos. No sólo las combinatorias transfronterizas, sino también las lógicas locales de disputas interfronterizas” (Grimson 2005:2).
Ir a las fronteras para mostrar la contingencia e historicidad del límite no implicaba enfatizar exclusivamente sus cruces, sino también las luchas de poder y las nuevas formas de nacionalismo.
En este sentido, las fronteras políticas ofrecían un territorio, especialmente productivo, no solo porque allí convivían poblaciones que supuestamente adscribían a nacionalidades diferentes, sino también porque eran espacios con peculiar interés e intervención del poder estatal.
En este sentido, podemos alegar que pensar problemas políticos y culturales desde las fronteras implicó romper con una cierta tradición, proceso que también contaba en América Latina con nuevos desarrollos –como el de García Canclini (1992) y Cardoso de Oliveira (1997)–. En el Cono Sur, las perspectivas más expandidas de las ciencias sociales tenían y tienen, fuertes características centralistas; las historias y los procesos políticos son pensados desde las grandes ciudades. Así, las fronteras, no tendrían relevancia. Sin embargo, recuperar la dimensión de agencia (Giddens 1979) de las propias poblaciones fronterizas –en lugar de universalizar su supuesta “resistencia” al Estado-nación– puede revelar que, en muchos casos, hay una dialéctica entre “arriba” y “abajo”. De ese modo, las regiones de frontera a menudo tienen un impacto crítico en la formación de las naciones y de los estados. De esta manera, las comunidades fronterizas pueden ser agentes de cambios sociopolíticos significativos más allá de su localidad e incluso más allá de su estado (Grimson 2005:3).
La CTM depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país y ha estado siempre en fluida relación con el Poder Ejecutivo y, desde el año 1994, por cartas reversales firmadas por los Presidentes doctores Carlos S. Menem y Alberto Lacalle, el ente binacional perdió su autarquía y autonomía económica y todas las ganancias pasaron a los ministerios de Economía de Argentina y de Uruguay, quienes deciden el porcentaje que le otorgan al ente.
Por todo lo expuesto, Grimson expone que estos científicos sociales comenzaron a sospechar que la afirmación realizada por Alvarez (1995), entre otros, de que la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera por excelencia del mundo contemporáneo, laboratorio de todas las fronteras, era simplemente una nueva manifestación de etnocentrismo y que el estudio de otras fronteras implicaría una visión más compleja y diversa de las relaciones limítrofes.
La relevancia de esos problemas históricos surgió del propio trabajo etnográfico sobre los procesos socioculturales en las fronteras contemporáneas. Esto ha quedado plasmado en diversos trabajos (Escolar 2000; Karasik 2000; Vidal 2000) en los cuales se comenzó a concebir el estudio antropológico de las comunidades fronterizas simultáneamente como el análisis de la vida cotidiana del estado, de las poblaciones y de las relaciones entre ambas.
SIGNIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GRAN ESCALA Y SU IMPACTO SOCIAL.
LA REPERESA DE SALTO GRANDE
La instalación de grandes represas, como la de Salto Grande, es comprendida como un Proyecto de Gran Escala (de aquí en adelante, PGE). Estos proyectos involucran aspectos complejos y multidimensionales que comprenden factores técnicos, económicos, políticos, socioculturales y ecológicos relacionados en un intrincado juego de mutuas interacciones y condicionamientos.
Por sus dimensiones, dependen de grandes movimientos de capital y mano de obra y engloban la presencia de un número significativo de actores sociales (Catullo 1996:45). Entre estos actores colectivos se destacan instituciones financieras, empresas consorcistas responsables de los emprendimientos, empresas consultoras, entes gubernamentales y las poblaciones regionales y locales que ocupan las áreas destinadas a alojar las obras en cuestión (Catullo 2006:37).
Así, en torno a una gran represa se vuelve visible un mundo de empresas nacionales para tener mejores relaciones con los gobiernos, y presionar sobre gobiernos y entidades financieras para que se decida la construcción de una nueva represa. Como señala Lins Ribeiro (1987), los PGE son algo más que obras de ingenieria y algo menos que proyectos de desarrollo.1
Estos proyectos presentan una lógica particular y tres dimensiones interrelacionadas: a) el gigantismo, pues son proyectos que implican grandes movimientos de capital y de mano de obra; b) el aislamiento, ya que en general están ubicados en zonas aisladas, por lo que relacionan esas zonas con sistemas económicos más amplios, y c) la temporalidad, es decir, el acotamiento temporal de los PGE (Lins Ribeiro 1987:9). Los PGE se inician por la planificación, están sustentados en la racionalidad técnico-científica y son legitimados por discursos ideológicos basados en el progreso y el desarrollo. La conceptualización de las represas hidroeléctricas como PGE, es relevante para analizar la participación de los diversos sectores involucrados pues permite contraponer a la centralización de la planificación y a los procesos de legitimación de estos PGE, la acción y la organización de las poblaciones afectadas.
La represa de Salto Grande se sitúa sobre el río Uruguay y está localizada en el paraje denominado Ayuí (provincia de Entre Ríos, Argentina), 13 km al norte de la ciudad uruguaya de Salto (departamento de Salto) y 18 km al norte de la localidad argentina de Concordia (provincia de Entre Ríos). Situada a 6 km aguas abajo del Salto Grande propiamente dicho, dista 520 km de Montevideo (capital de la República Oriental del Uruguay) y 470 de Buenos Aires (capital de la República Argentina). Planificada como un complejo hidroeléctrico de propósitos múltiples –producción de energía, navegación, riego, usos domésticos y sanitario– ha tenido siempre una funcionalidad primaria: el aprovechamiento del río Uruguay para la generación de energía eléctrica.
Si bien sus orígenes se remontan al año 1946, su construcción se inició el 1° de abril de 1974. Se inauguró el 21 de junio de 1979, cuando la primera turbina fue puesta en funcionamiento, y quedó oficialmente terminada en mayo de 1983, al ponerse en marcha la última turbina (Catullo 2006:57-58).
La represa de Salto Grande, con una potencia total instalada de 1.890 megawatios, produjo un embalse de 140 km de longitud y 783 km², que afectó 30.000 ha en la margen argentina y 45.540 en la uruguaya. Inundó áreas rurales y centros urbanos en el noreste de la provincia de Entre Ríos y el sudeste de la provincia de Corrientes (Argentina), y en los departamentos de Salto y Artigas (Uruguay). En consecuencia, fueron relocalizadas 12.000 personas en la margen argentina y 8.000 en la margen uruguaya, que habitaban áreas urbanas: la ciudad de Federación2 y el poblado de Santa Ana (provincia de Entre Ríos) y Villa Constitución3 y el pueblo de Belén (departamento de Salto, Uruguay) (figura 1) (Catullo 2006:58).
La represa de Salto Grande fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por Fondos Especiales creados por cada país para tales fines. Su construcción estuvo a cargo de un ente binacional argentino-uruguayo creado en el año 1946: la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (en adelante, CTM), conformada por una Delegación argentina y otra uruguaya, integrada por cinco miembros cada una, uno de los cuales ejerce la Presidencia de la Delegación.
A su vez, la presidencia del ente binacional es ejercida en forma rotativa por el Presidente de cada Delegación. Desde 1970, y durante toda la etapa de construcción de la represa, el Presidente de cada Delegación, junto con un “técnico”, es decir un ingeniero, formaban el Comité Operativo.
En diciembre de 1982, la CTM resolvió dar por finalizada las actividades de este Comité y creó la Dirección Ejecutiva, constituida por un integrante de cada delegación, pudiendo ser su Presidente cualquier delegado integrante de la Dirección. La CTM depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país y ha estado siempre en fluida relación con el Poder Ejecutivo y, desde el año 1994, por cartas reversales firmadas por los Presidentes doctores Carlos S. Menem y Alberto Lacalle, el ente binacional perdió su autarquía y autonomía económica y todas las ganancias pasaron a los ministerios de Economía de Argentina y de Uruguay, quienes deciden el porcentaje que le otorgan al ente. Esta decisión política tuvo importantes consecuencias, no solo para los empleados de la CTM, quienes tuvieron una quita en sus salarios, sino –lo que consideramos más significativo– para la política de desarrollo regional que, por primera vez, la Delegación Argentina estaba encauzando junto con los municipios afectados desde 1993, pues cortó la mayoría de los microemprendimientos iniciados. En la actualidad, ambas delegaciones de la CTM están a cargo del mantenimiento y de la administración de la represa.