Su respuesta fue muy clara: “No. Nunca lo haré” Así es como se siente un guardia de prisión en el Centro de Rehabilitación de California en Norco acerca de recibir la vacuna contra el COVID-19, y no está solo.
Está el oficial de la correccional del área de Sacramento, con más de 15 años en el trabajo, que “no cree en” las vacunas. Un sargento del norte de California, con ocho años en su empleo, que “aprecia” que las prisiones ofrezcan la vacuna a los empleados, pero que aún no se siente cómodo tomándola. Y un psicólogo penitenciario del sur de California que se siente protegido por haber tenido un caso previo de COVID.
Todos, que hablaron con CalMatters bajo condición de anonimato, se encuentran entre el 57% de los empleados de prisiones de California que se saltan las vacunas contra el COVID ofrecidas en el trabajo de manera gratuita a partir del 10 de mayo, según datos del Departamento de Rehabilitación y Correcciones de California.
En cifras
Mientras California persigue la inmunidad colectiva —o algo parecido— unos 37,000 trabajadores de prisiones estatales siguen sin vacunarse.
En 30 de las 35 instituciones, menos de la mitad de los empleados están completamente vacunados. Actualmente, menos de 3% del personal están esperando su segunda dosis de la vacuna, según los datos estatales.
Los casos activos de COVID dentro de las prisiones de California han disminuido desde que alcanzaron su punto máximo a fines de diciembre de 2020, cuando el sistema implementó su programa de vacunación voluntaria para los reclusos y el personal. En las últimas dos semanas, los datos estatales muestran solo 14 casos de COVID reportados entre los prisioneros de California, pero 108 casos entre el personal penitenciario.
¿Voluntario u obligatorio?
Si bien la insistencia del estado puede aumentar lentamente la tasa de vacunación del personal, los críticos dicen que instar no es suficiente.
En una declaración presentada hace poco en el Tribunal de Distrito de EE.UU., en Oakland como parte de una demanda colectiva que obligó a la atención médica de las prisiones de California a estar bajo el control judicial, los abogados de los prisioneros pidieron que las vacunas del personal fueran obligatorias.
“Creemos que ha llegado el momento de que el Administrador Judicial [y el departamento de correcciones] protejan los intereses de la población encarcelada, sus empleados y la comunidad al exigir que todo el personal esté vacunado”, escribieron los abogados de los demandantes del Prison Law Office.
Los abogados estatales que representan al sistema de salud de la prisión no abordaron directamente la solicitud, sino que reiteraron los esfuerzos educativos y de marketing para alentar a más personal a vacunarse.
En una declaración enviada por correo electrónico a CalMatters, un portavoz de California Correctional Health Care Services —que brinda atención médica dentro de las prisiones de California— dijo que las prisiones están reforzando su alcance y “proporcionando clínicas de vacuna para promover la inmunización entre el personal”.
Los defensores dicen que la renuencia a las vacunas entre los guardias y otro personal de la prisión pone en peligro la salud de los compañeros de trabajo y de las personas encarceladas que no tienen control sobre su proximidad con los demás. Y señalan un precedente: la Universidad de California exige que todos los estudiantes, profesores y personal de sus campus estén vacunados antes de regresar este otoño.
“Las personas en prisión, corren un mayor riesgo que los estudiantes universitarios y las personas que trabajan para la universidad y las facultades”, dijo Don Spectre, director ejecutivo de Prison Law Office. “Entonces, no veo ninguna razón por la que las cárceles no puedan hacerlo”.
Es un paso que el estado no está preparado para tomar sin una nueva guía de los Centros para el Control de Enfermedades federales o la intervención judicial de los tribunales, según la declaración enviada por correo electrónico por el portavoz de los servicios de salud de la prisión.
“Hay vacilación por parte de todos, incluido el juez, para inculcar el mandato”, dijo Hadar Aviram, profesor de la Facultad de Derecho de UC Hastings. Pero para muchos empleados de prisiones, hacer que la vacunación sea un requisito laboral sería pedir demasiado.
“Muchos de nosotros ya hemos tenido COVID y nos hemos recuperado, por lo que no vemos el sentido de vacunarnos”, dijo un oficial penitenciario que dio positivo en diciembre de 2020 en Norco, donde 38% de los empleados han tenido COVID.
“Tengo los anticuerpos naturales. Me enfermo todos los años por algo en el trabajo, así que pensé que sería cuestión de tiempo [enfermar de covid]”.
FUENTE: La Opinion