La pena capital es hoy una rara avis en los sistemas penales de media humanidad. Pese a que sigue vigente en 86 países, la mayor parte de ellos localizados entre África y Extremo Oriente, sólo 56 la utilizan de forma frecuente para castigar a sus criminales. Al menos una treintena de países la incluyen en sus códigos penales sólo de forma teórica, sin haber ejecutado un solo reo desde hace más de una década. Descontando a siete estados donde aplica sólo a crímenes excepcionales, el resto del planeta la ha abolido.
Y para bien. En las naciones occidentales, ejecutar a un preso se ha convertido en una cuestión tabú. No hay crimen demasiado escandaloso como para privar del derecho a la vida a una persona. Pese al insistente runrún que acompaña a cualquier violación o asesinato de carácter mediático, lo cierto es que los códigos penales del mundo desarrollado se han ido suavizando con el paso de los años, buscando una reinserción hipotética por encima del castigo físico.
Ahora bien, la distancia mental desde la que miramos a la pena de muerte, propia de tiempos más bárbaros e inciviles, casa mal con lo reciente de su abolición en muchos estados. Para ilustrarlo, Jakub Marian (@JakubMarian), un estupendo geógrafo cuyos trabajos hemos compartido en alguna ocasión, ha creado dos mapas que reflejan la fecha y el método empleado en la última ejecución realizada por cada país del continente europeo. El primero incluye toda clase de crímenes y criminales, excluyendo a los militares, el segundo los disecciona por tipo de castigo.
Algunas fechas son realmente impactantes. Francia utilizó la guillotina por última vez en 1977, casi tres décadas después de la Segunda Guerra Mundial y dos siglos desde que la Revolución Francesa popularizara la icónica ejecución. Reino Unido colgó a su último reo en 1964, en pleno estado de derecho y democracia universal. Alemania, Italia y Austria, por sus peculiares circunstancias al término de la contienda, registran fechas también recientes: 1949 (guillotina), 1945 (fusilamiento) y 1950 (ahorcamiento).
España es otro de los países occidentales que de forma más reciente ejecutó a un preso. El año es 1972, pero es una fecha tramposa, dado que los últimos fusilamientos del franquismo se procesaron a través de la justicia militar (mediante Consejos de Guerra para civiles no adscritos al ejército) y no por el procedimiento ordinario. Las ejecuciones finales de la dictadura datan de septiembre de 1975, ya con Arias Navarro en el gobierno, y acabaron con la vida de varios miembros de ETA-militar y del FRAP.
En total, cinco personas, en los estertores finales del franquismo, entre amplias movilizaciones populares y el rechazo de la comunidad internacional. Un año antes se había ejecutado a Salvador Puig Antich mediante garrote vil, otro vestigio de la España decimonónica que sólo desapareció del sistema penal gracias a la Constitución de 1978, cuando la pena de muerte fue abolida con la excepción de circunstancias excepcionales en tiempo de guerra (cláusula también retirada del texto legal con el paso de los años).
Resulta significativo que Portugal, país vecino y también sumergido en una dictadura reaccionaria durante varias décadas, hubiera ejecutado a su último preso más de un siglo antes, en 1846 (ahorcado), una fecha mucho más remota que las de países más estables y con una democracia más continuada como Países Bajos (1860, ahorcado), Noruega (1876, decapitado) o Suecia (1910, guillotinado). Es el país del continente cuya pena final se remonta más atrás en el tiempo (descontando Islandia, 1830, no continental), y también su abolición legal (en 1911 para todo tipo de crímenes).
Fuente: magnet
foto portada The clinic