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La APU recibió denuncia de la periodista Georgina Mayo de TNU, contra integrantes de colectivos feministas

NUEVO PERIODISMO EN URUGUAY. La periodista Georgina Mayo, trabajadora de Televisión Nacional del Uruguay (TNU), denunció ante la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), presiones de parte de Soledad González,Teresa Herrera y Andrea Tuana, integrantes de colectivos feministas, por su cobertura del conocido caso de María quien recientemente volvió a España por resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La APU manifiesta su preocupación por esta situación y rechaza las presiones sobre un trabajador o trabajadora, por no estar de acuerdo con su tarea periodística. El sindicato de los trabajadores de los medios de comunicación siempre ha denunciado casos similares a este donde, en definitiva, se pone en riesgo el puesto laboral.

La APU entiende que se trata de una actitud de carácter grave, provenga de dónde provenga y mucho más si se trata de organizaciones de carácter social.

La colega expuso ante la APU el trabajo realizado y se entendió que en su cobertura actuó con honestidad y de acuerdo a lo que se iba revelando en el expediente judicial. La denuncia llegó al sindicato antes del fallo de la SCJ y se decidió hacerlo público recién ahora, para no interferir con el accionar de la Justicia en un caso de tanta delicadeza.

Incluso el fallo de la SCJ indica que la periodista no participó de ninguna falta ética y por lo tanto es injusta la calificación que hicieron los grupos feministas, al ver frustrados los intereses en la causa de la restitución de la niña a España, que ya se concretó.
“En síntesis, el fraude y la colusión con que supuestamente habría actuado profesionalmente el Dr. P. (se dijo que Georgina Mayo se había prestado a la maniobra con el abogado del padre de la niña que está en España) no pasaron de ser una mera conjetura, sin ningún sustento probatorio”, dice el expediente.

Es de destacar el accionar de nuestra asociada que actuó dentro de las normas del Código de Ética de nuestro sindicato y así se establece en el fallo de la SCJ N° 811/2018.

La APU convoca a todas las organizaciones e instituciones, así como a los funcionarios y funcionarias de las mismas, a no caer en este tipo de accionar que socava la Libertad de Expresión y pone en riesgo el trabajo de quienes día tras día cubren las noticias, expresa el comunicado.