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APU quiere debatir sobre la labor de los periodistas

NUEVO PERIODISMO EN URUGUAY.

No somos jueces de nadie, ni pretendemos serlo, pero consideramos que como sindicato único de los trabajadores de los medios de comunicación del país, tenemos un rol preponderante a cumplir en una democracia y en eso estamos.

 

La cobertura en vivo que varios medios masivos realizaron de un hecho asociado a violencia de género, con varios rehenes, obligó al Consejo Directivo Central de la APU a recordar la vigencia del artículo 24 de nuestro Código de Ética Periodística (CEP), aprobado en 2013.

El CEP solo rige para quienes libremente deciden asociarse a nuestro sindicato y, por tanto, su aplicación no es obligatoria ni imperativa para los demás trabajadores de los medios de comunicación.

No obstante, es necesario enfatizar que – más allá de la afiliación o no a nuestro sindicato – el CEP contiene normas éticas básicas, de sentido común, que deberían ser aplicables a todos los profesionales de la comunicación, en cualquier rol que se desempeñe.

El artículo 24 de nuestro CEP dice lo siguiente:

24. Los periodistas tendrán especial cuidado al difundir información que pueda perjudicar la integridad de las víctimas de hechos violentos o que puedan poner en peligro el respeto a derechos básicos fundamentales consagrados por la legislación nacional e internacional de Derechos Humanos como los relacionados a la vida, la salud o la seguridad. En estos casos es admisible una moratoria en la difusión para salvaguardar estos derechos.

La situación que se generó este jueves 10 de enero en horas de la tarde encuadra perfectamente en los postulados de este artículo de nuestro CEP y por eso el CDC consideró oportuno recordar su plena vigencia, más allá de trabajadores afiliados o no al sindicato.

La APU trabajó durante muchos años en pos de acordar un paquete de normas básicas de ética que nos autorregularan, pero el detonante para alcanzar los acuerdos mínimos necesarios llegó luego de un hecho absolutamente lamentable que fue la divulgación de las imágenes del asesinato de un joven trabajador de La Pasiva.

Estas imágenes, según consta en un estudio realizado a posteriori por la ONG “Voz y vos”, fueron emitidas más de 50 veces en algunos informativos de televisión, y esto generó una indignación generalizada de la sociedad.

Circunstancias similares a la de este jueves fueron las que se produjeron cuando el secuestro del empresario Ignacio Rospide, oportunidad en la cual las autoridades pidieron expresamente que no se difundiera información que pudiera afectar la negociación con los secuestradores y, por ende, poner en riesgo la vida de una persona.

En el lamentable hecho de este jueves 10 hubo también un pedido especial de las autoridades para no difundir información que pudiera afectar la ya complicada situación y, por ende, poner en riesgo la vida de varios rehenes.

En definitiva, se trata de circunstancias muy similares en las que es de aplicación lo establecido en el artículo 24 de nuestro CEP.

El CDC de la APU está lanzando una propuesta de debate ético sobre nuestro trabajo como periodistas, en especial porque estamos asistiendo en el mundo a una proliferación de “fake news” que terminan incidiendo en decisiones colectivas de la sociedad, como ha quedado demostrado en experiencias cercanas.

Uruguay está ya inmerso en una campaña política que seguramente crecerá en intensidad en las próximas semanas y nuestra preocupación como trabajadores de los medios de comunicación es que se traslade a nuestro país está dinámica de promoción de noticias falsas con interés político.

El CDC de la APU está iniciando los contactos políticos al más alto nivel, lo que incluye a los actuales precandidatos de todos los partidos y a los futuros candidatos, y autoridades de cada colectividad, para promover, junto a las empresas que dirigen los medios de comunicación, una campaña limpia de noticias falsas.

Nuestro sindicato tiene también como tarea promover la necesaria capacitación de nuestros compañeros para poder discernir una noticia falsa y no replicarla.

Del mismo modo, queremos involucrar a todos los actores sociales vinculados a la comunicación y a la política para que asumamos el compromiso de no difundir ni promover noticias falsas que afecten el desarrollo de la campaña política y, lo que es peor, las decisiones de la sociedad.

No somos jueces de nadie, ni pretendemos serlo, pero consideramos que como sindicato único de los trabajadores de los medios de comunicación del país, tenemos un rol preponderante a cumplir en una democracia y en eso estamos.

Esperamos contar con el respaldo de todos aquellos involucrados en esta cuestión que, sabemos, es muy cara para la sociedad uruguaya.

 

 

Fuente: Asociación de la Prensa Uruguaya