“Sinceramente creo que la explotación concreta de la empresa Aratirí va a tener una duración de tiempo no muy prolongada, pero con una consecuencia en el territorio nacional de una destrucción hasta por más de 200 años”

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In Actualidad
nov 11th, 2013
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viana-cerro-largoCerro Largo. Area Total.. Silvia Techera para DiarioUruguay. El fiscal Enrique Viana dijo en Melo que hay “un antes y un después” tras el anuncio de la llegada de la minería de gran porte a nuestro país.

El magistrado participó de una charla organizada por el grupo Cerro Largo Natural, que se ha sumado al movimiento nacional de recolección de firmas para derogar la ley que habilita este tipo explotaciones en Uruguay.
Consultado, Viana comentó que es muy difícil de encontrar en la historia del país una ley que respalde una actividad y en especial la actividad de una empresa: “se ha dicho en la discusión parlamentaria de que esta es una ley para una empresa concreta, para la empresa Aratirí y sinceramente creo que la explotación concreta de la empresa Aratirí va a tener una duración de tiempo no muy prolongada, posiblemente 12 o 15 años, pero con una consecuencia en el territorio nacional de una destrucción basta por más de 200 años. Entonces, creo que allí está, quizás, la trascendencia del momento que estamos viviendo; las decisiones que se están tomando hoy van a ser para quienes todavía no ha nacido, es decir estamos tomando decisiones no por nosotros sino por varias generaciones futuras”, afirmó.

Viana planteó judicialmente la inconstitucionalidad esta ley y en los próximos días estará siendo considerado el recurso por la Suprema Corte de Justicia: “entendemos que es una ley que más allá de ser singular, una ley con nombre y apellido, una ley a la medida de los intereses de una empresa, es una ley que se lleva por delante aquel artículo de la Constitución que prohíbe los daños graves al medio ambiente; esta forma de minería, la minería de gran porte o mega minería a cielo abierto, es una minería que provoca gran destrucción territorial y grave contaminación, ambas cosas están prohibidas por un texto constitucional desde el año 1997 por el artículo 47 de la Constitución.

 

De alguna manera la ley pretende ser un mecanismo de justificación o legitimación de algo que está prohibido, que constitucionalmente está prohibido; lo correcto hubiera sido modificar la Constitución, si era que había una necesidad imperiosa por promover esta industria, esta actividad extractiva, pero no se modifica la Constitución y mediante una norma de rango inferior como una ley se la trata de eludir en su obligatoriedad, y si fuera poco esto, el tercer aspecto que pesa sobre esta ley, es la legitimación de los llamados contratos de inversión, mecanismo por los cuales se condiciona la voluntad de los tres poderes del Estado, es decir el Estado se somete a la voluntad de una empresa privada ya no en función de un texto constitucional sino de un contrato, el contrato pasa a estar por encima de la Constitución de la República, lo cual distorsiona absolutamente un régimen republicano y democrático, es decir yo creo que con la legitimación de los contratos de inversión nosotros dejamos de ser un estado republicano y un estado soberano”, puntualizó.

Dijo además que si la Corte no declara la inconstitucionalidad de la ley, cuando haya que leer la Constitución habría que saltearse el artículo 47: “tendríamos que hacer de cuenta que el artículo 47 no tiene virtualidad jurídica en el Uruguay”, sentenció.

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Eduardo Mérica Periodista Uruguayo desde 1979. Integrante de las redacciones de La Repùblica, Estediario, El Deportivo Sport Magazine y Marca. Fue colaborador permanente de medios escritos, radiales y televisivos del interior de Uruguay.